El PAJA no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019 y si bien presentaba deficiencias en su operación había áreas de oportunidad para su mejora
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió la Recomendación General 36, a las Secretarías del Trabajo (STPS), de Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y titulares de los Poderes Ejecutivo y de las entidades federativas por la situación de marginación y pobreza, así como las condiciones laborales delos más de dos millones de personas jornaleras agrícolas, en su mayoría contrarias y violatorias de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a la obligación de garantizar el interés superior de la niñez.
Esto, dijo, su titular Luis Raúl González Pérez, ante el riesgo y vulnerabilidad de ese sector poblacional, por el contexto geográfico, económico, social y laboral que enfrenta.
Por ello, la CNDH solicitó a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.
De igual forma, les recomienda considerar las definiciones observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión, así como celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas, al igual que garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.
González Pérez enfatizó que cualquier medida que se adopte, sea de austeridad, combate a la corrupción o por el uso indebido del gasto público, deberá tener presente el respeto irrestricto a los derechos humanos, ya que no debe limitar, restringir, anular o disminuir los estándares de protección de su goce y ejercicio de las personas en condiciones de vulneración, criterio que debe extenderse al ejercicio efectivo de todos los derechos humanos.
Destacó que el PAJA no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019, y señaló que si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para su mejora, preocupa y ocupa a la CNDH la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto, y refrendó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos.
El Ombudsman apuntó que tal obligación subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales, sin perjuicio de las medidas que se adopten para le mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.
Refirió que por la concurrencia de diversas autoridades que atienden este problema, resulta necesaria la efectiva coordinación y vinculación interinstitucional, porque “no basta garantizar el acceso de las mujeres y hombres jornaleros agrícolas a un empleo digno y decente, sino también debe generarse una política pública que les permita a sus hijos e hijas desarrollarse plenamente, sin que se integren a temprana edad al trabajo”, expresó.
Sostuvo que la Ley contempla desde 2017 en el artículo 123, que es un trabajo de riesgo y prohibe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros. Lo importante, es que se cumpla la ley y haya condiciones y programas sociales para que los niños estén en las escuelas y no en los campos, a donde los llevan sus familias por necesidad.
Debido a la falta de información y su actualización, la CNDH refirió en esta Recomendación General los datos de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola elaborada en el año 2009 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), mediante la cual se identificó aproximadamente a 2 millones 40,414 personas jornaleras agrícolas –40% de origen indígena—, y a partir de estimaciones sobre dicha encuesta existe una población jornalera migrante de 2 millones 71,483 personas.
De acuerdo con “Enlaces y Voces Mesoamericanas” y “Red de Jornaleros Internos”, el 50% de las personas jornaleras agrícolas procede de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, ya que, como advierte el CONEVAL 2016, dichas entidades junto con Guerrero, son las que tienen los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza, donde las principales carencias sociales se relacionan con el rezago educativo, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos y a la seguridad social.
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