La diputada del PRI Lourdes González Hernández propuso incluir en la Constitución Federal como causal de nulidad de elecciones a la violencia política en razón de género y a la violencia política en contra de las mujeres.
Para ello, presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa para ser enviada al Congreso Federal, con la propuesta de que se adicione el inciso “d” a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional expuso que el objetivo es atender una legítima demanda de las mujeres sobre su derecho de participar en los asuntos públicos, garantizando su participación política en condiciones libres de violencia, ya que al establecer mecanismos preventivos, se logrará que más mujeres se sumen a la vida política del país y que lo hagan en un entorno seguro y digno.
En su argumentación, recordó que en el proceso electoral del 2 de junio de 2018, en cada estado de la República Mexicana se experimentaron índices distintos de mensajes con violencia política en razón de género; además, en las distintas plataformas de comunicación digitales o tradicionales también se publicaron este tipo de mensajes con proporciones y frecuencias distintas en cada una de ellas.
En este sentido, citó que la cobertura dedicada a los candidatos fue superior en 230% a la dedicada a las candidatas por lo que toca a redes sociales, y 350% mayor en prensa. Asimismo, en las campañas electorales, se registraron 114 mensajes con violencia política en contra de las mujeres.
Añadió que la violencia política contra las mujeres se presentó en seis formas distintas durante las campañas electorales: calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas y misoginia. 48 de cada 100 mensajes contenían desprestigio contra las candidatas, y 78 de cada 100 mensajes en las plataformas digitales y en la prensa incluían roles estereotipados sobre las mujeres, mientras que el resto mencionaba atributos estereotipados.
Puntualizó que la violencia política contra las mujeres puede incluir feminicidio, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial o económica; así como obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos, difamar, calumniar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas, entre otras acciones que menoscaben su imagen pública y/o limiten sus derechos políticos.
La Iniciativa fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Políticos Electorales.
