La escasez afecta más a los pobres, mientras otros acaparan el recurso.
Por Naix’ieli Castillo, Ciencia UNAM-DGDC
Sequía, cortes en el servicio, restricciones en el suministro, manifestaciones en las calles de las ciudades y bloqueos de caminos han sido algunas de las consecuencias de la escasez de agua que se registró en 2022 a lo largo de nuestro país.
Datos del Monitor de Sequía en México de la Comisión Nacional del Agua, de octubre de ese año, reportaron 352 municipios con sequía, mientras que 577 fueron declarados anormalmente secos.
La falta de agua no es noticia reciente, afirma la doctora Patricia Ávila García, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, pues “desde hace unas décadas hemos vivido una crisis hídrica en el país”.
Los factores que han dado pie a esta situación son variados, dice la doctora en Antropología Social.
“El agua no es accesible para todos; se accede de manera desigual, tenemos problemas de calidad. Además tenemos el problema de obras hidráulicas que afectan ecosistemas, el ciclo natural del recurso y a los caudales de los cuerpos de agua”.
El caso de los bosques
Patricia Ávila ha analizado las políticas públicas asociadas con la seguridad hídrica en cuencas hidrológicas de importancia forestal y con presencia de población indígena. El objetivo de estudiar dichas políticas públicas es entender sus alcances y limitaciones.
En específico revisó el programa de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), “Bosque y Cambio Climático” en el sistema de microcuencas Cutzamala-La Marquesa que tienen importancia forestal para los estados de México, Michoacán y la CDMX.
La metodología para esta investigación, publicada en 2014, consistió en la revisión de documentos y estadísticas oficiales, así como en trabajo de campo, básicamente haciendo entrevistas y talleres grupales con la participación de población indígena, asesores forestales y personal de la CONAFOR.
A decir de la investigadora, las comunidades rurales y campesinas indígenas mantienen una cosmovisión y conocimiento profundo de la naturaleza, que les permite encontrar estrategias sustentables de manejo del ecosistema para adaptarse a contexto de abundancia y escasez de agua, por eso considera que deberían ser tomados en cuenta al plantear acciones frente al cambio climático.
Señala que en el caso de México, la mayor parte de los bosques y selvas del país se encuentran en territorios indígenas y campesinos donde la tenencia de la tierra es ejidal y comunal, por lo que es muy importante estudiar la dimensión social de las políticas forestales.
39% de los bosques y 60% de las selvas se encuentran en regiones indígenas. 41% de la población indígena vive y depende de los bosques, por eso son actores fundamentales para la conservación de esta riqueza natural.
Sin embargo, en contraste con la gran riqueza natural que poseen, la mayoría de esta población vive en pobreza y desigualdad social. En el caso del programa que estudió la doctora, se integran las políticas públicas de agua, bosques y cambio climático.
El programa Bosque y Cambio Climático fue financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para que el Gobierno Federal lograra la consolidación de ecosistemas a través de la CONAFOR, por ejemplo, restaurar áreas forestales degradadas en cuencas prioritarias por su aportación hídrica para la población.
Tras analizarlo, la investigadora concluye que el programa presenta varios retos para tener un impacto real en la seguridad hídrica.
Entre ellos, trabajar en las partes altas de las cuencas, evitar buscar la seguridad hídrica únicamente para las urbes y olvidarse la de los pobladores indígenas locales. Los incentivos que se ofrecen a la población son insuficientes y no compiten con los beneficios económicos inmediatos como explotar la leña y resinas, o cambio de uso de suelo para otros cultivos. También sugiere establecer indicadores ambientales que permitan medir el impacto de los programas.
Investigaciones como esta son fundamentales para frenar el deterioro ambiental y la sobre explotación de los recursos hídricos que llevan al empobrecimiento de la calidad de la vida humana y limitan el potencial productivo de las regiones. El estudio completo se puede consultar en esta publicación.
Disputa por los recursos hídricos
México será uno de los países con más afectaciones por el cambio climático. “Va a llover menos en algunas regiones, entonces habrá zonas con baja disponibilidad de agua. En lugares que tenían un patrón de precipitación diferente, va a llover más; esto va a afectar más particularmente a los pobres, tanto en la ciudad, como en el campo.
¿Por qué les afectará más? Porque este sector de la población vive donde el suelo vale menos, con frecuencia se van a las zonas inundables, a las barrancas, a los márgenes de los ríos, zonas bajas propensas a inundarse, zonas con inestabilidad en laderas”, dice Patricia Ávila.
La especialista, con un postdoctorado en Cambio Global otorgado por la Universidad Tecnológica de Helsinki y El Colegio de México, asegura que las ciudades que predominan sobre los asentamientos rurales, demandan recursos, energía y generan descargas, enfrentan una gran presión porque no están en zonas de alta disponibilidad de agua, tienen que hacer trasvases.
Un ejemplo es la Ciudad de México, donde la capacidad hídrica ya ha sido rebasada y un porcentaje del agua que consume se transporta a través del Sistema Cutzamala.
“Hay estudios que reportan una alta sensibilidad al cambio climático en esta región; el 30% del agua viene de allá, si el suministro se empieza a reducir porque llueva menos, la cantidad de agua será menor pero la ciudad sigue desarrollándose y hay urbanizaciones por todos lados. No importa la sustentabilidad ambiental, lo que interesa es la sustentabilidad económica”.
Este panorama se repite en otras zonas del país, con el avance de la minería, la agricultura y la ganadería. “Todas estas actividades presionan mucho al recurso hídrico. El modelo económico ha favorecido a estos actores en detrimento de los actores sociales y locales”.
Para la ganadora del Premio Nacional en Ciencias Sociales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en 2003, el futuro del agua en nuestro país no es muy promisorio.
“No se están viendo cambios importantes ni en la legislación, ni en la política del agua, ni en la política ambiental. Por otro lado, en cuanto a acciones de Estado, no estamos viendo que estén comprendiendo cabalmente esta crisis y esta situación de vulnerabilidad que ya existe en regiones donde están perdiendo la seguridad hídrica”.
Un antiguo conflicto ambiental
Antes de la llegada de los españoles la ciudad de Tenochtitlán se encontraba totalmente integrada con el lago. Los barrios se encontraban conectados mediante canales y había un manejo integral del ecosistema acuático.
Los europeos en cambio asociaban el agua estancada con la suciedad, las enfermedades y la muerte. Iniciaron acciones para desecar, drenar el lago y llevar el agua a otras cuencas. Esto hizo posible la urbanización acelerada de la ciudad con las consecuencias que hoy enfrenta la CDMX, como los hundimientos diferenciales y la sobreexplotación de acuíferos.
De cara al presente, algunas medidas que podrían ayudar a mitigar la crisis del agua son la protección de zonas de acuíferos y de bosques, que se garantice la protección del suelo de conservación, así como fortalecer a las instituciones encargadas de vigilar el buen uso del agua.
Al mismo tiempo, fomentar las buenas prácticas en el uso del agua en la Ciudad de México, donde existen “redes antiguas que desperdician grandes cantidades de líquido”, ocasionando la vulnerabilidad de otras regiones.
La doctora Patricia Ávila García plantea que el cambio más importante sería en la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, para dar paso a considerar al agua como bien común y no como un bien económico.
