La denuncia que presentaron detalla que en su momento fue la SEP la que hizo una invitación de licitación a una empresa con domicilios inexistentes y otras con falsas instalaciones.
En el marco del Día del Maestro, colectivos y representantes de padres de familia presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de la ex secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Alvarez, por presunto ejercicio indebido de atribuciones y por haber dado el aval a empresas factureras para el proceso de revisión y distribución de libros de texto, que carecen de una mínima calidad.
La revisión, edición y distribución de libros de texto con graves omisiones y yerros representa no solo un perjuicio a la Secretaría de Educación Pública, a los maestros, sino a 38.3 millones de alumnos – de acuerdo con datos oficiales del INEGI-, que de esta manera son víctimas de la violación de sus derechos humanos por discriminación, por actos de omisión en su educación básica.
De acuerdo con información recabada por padres de familia, tutores y especialistas en educación a nivel básico, la ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez incumplió su obligación de revisar, conforme a su responsabilidad, los procesos de licitación y la revisión de los contenidos de estos materiales educativos, que finalmente fueron distribuidos a pesar de registrar errores y omisiones de fondo, lo que constituye delitos del fuero federal.
La denuncia que presentaron, detalla que en su momento fue la Secretaría de Educación Pública la que hizo una invitación de licitación a una empresa con domicilios inexistentes y otras con falsas instalaciones; todas esas empresas están catalogadas como factureras, observadas por la Auditoría Superior de la Federación, incluso mucho tiempo antes de que se le invitara al proceso de revisión de los libros de texto, lo cual corrobora el delito por ejercicio abusivo de funciones.
Se sabe que dichas empresas -cuyos datos puntuales quedaron registrados en la denuncia penal-, forman parte de las 4 principales factureras en el gobierno de la 4T, con la participación de licitaciones del orden de los 7 mil millones de pesos, tan sólo en el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo con datos púbicos de Compranet.
La empresa que invitó la SEP a la licitación en el tema de los libros de texto está relacionada con casos de presuntos ilícitos en otras dependencias, como Seguridad Alimentaria Mexicana -Segalmex- y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero -FND-, de acuerdo con información pública. Aún con esos antecedentes, la SEP con Delfina Gómez como titular avaló todos los procedimientos.
La SEP dio visto bueno a libros malos
En la denuncia presentada la mañana de este lunes, en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, queda de manifiesto que la edición de estos libros de texto fue hecha por parte de una “outsourcing”, cuya intervención dio como resultado la edición y distribución de libros pésimamente elaborados y, por lo visto, nunca revisados en sus estándares mínimos de calidad.
Los libros contienen, junto con el plan que los impulsa, no solo proposiciones ideológicas vulnerantes del derecho de las niñas, niños y adolescentes a no resentir actos intencionados en detrimento de su libertad de pensamiento, sino que estos libros contienen yerros de conocimiento gramatical, técnicos y científicos, denotativos de extrema ignorancia.
Por ejemplo, el uso de tiempos verbales inexistentes dentro del idioma español o sustantivos que no abrazan las reglas de la gramática, tales como “fuistes”, “venistes”, “nadien”, entre otros.
Los aprendizajes que se propone en el plan general son insuficientes, pero, además, no se abordan en los libros de texto. Llama la atención, por ejemplo, que de los 7 aprendizajes de Matemáticas que deben lograr los estudiantes en primer grado, según el programa, sólo 2 se retoman en los libros de texto, el resto quedaron fuera, lo que revela una incongruencia.
Entre otras consecuencias de validar libros de texto de mala calidad, está el hecho de que los maestros recibirán cada ciclo a estudiantes del grado anterior con menos habilidades matemáticas; niños y niñas concluirán la primaria y quizá secundaria sin saber lo básico en esta materia básica del conocimiento.
Además, los estudiantes de nivel secundario que lleguen al bachillerato reprobarán masivamente, con alta probabilidad de abandonar sus estudios por la misma razón. En suma, el país experimentará un rezago considerable en aprendizajes fundamentales.
La funcionaria denunciada por omisión permitió que se estableciera como optativa la enseñanza de las matemáticas, a pesar de que esta asignatura es base y determinante en el conocimiento de los niños y niñas estudiantes del nivel primario.
De esta forma, las niñas, niños y adolescentes resentirán los daños producidos por el indebido obrar de las autoridades de la SEP entendiendo que, en el caso de que los hijos no accedan a una educación de calidad no podrán romper o derrotar la situación de pobreza en la que han tenido que nacer.
Los denunciantes reiteramos que esta falta de compromiso de Gómez Álvarez, quien claudicó en su deber de supervisar este proceso, es suficiente para pisar la cárcel porque no debió autorizar la entrega de libros de texto, a sabiendas de que estaban mal hechos o con errores, o, en todo caso pasar por alto los procesos de revisión y corrección.
Cuestionamos que a pesar de haber incurrido en estas anomalías cuando fue titular de la SEP, ahora tenga la osadía de querer ser la gobernadora de una entidad federativa, a sabiendas del daño irreparable que infringe a millones de niñas y niños que han sido utilizados como conejillos de indias para “aprender” de libros de texto ajenos al magisterio y a la praxis de la mayoría de los mentores.
Señalamos que los políticos y funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio de la sociedad en cualquier momento, siempre deben hacerse responsables de sus actos en cualquier tipo de encargo en el sector público y/o político.
En este sentido advertimos que, si antes de su entrega a 38.3 millones de alumnos, los libros de texto hubieran estado elaborados o supervisados por auténticos profesionales de la educación, no se hubieran dado este tipo de anomalías.
Llamamos a especialistas y padres de familia a sumarse a esta denuncia contra Delfina Gómez Álvarez, para fincar las responsabilidades correspondientes a la ex titular de la SEP.
Fotos: Cortesía
