Las mujeres indígenas siguen sumidas en la pobreza y marginación víctimas de muertes maternas por la mala atención y discriminación que sufren en los hospitales cuyo personal tiene una actitud prepotente y racista que las mira como personas de segunda que no tienen derecho a nada.
TLAPA, Gro.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, las indígenas de la Montaña de Guerrero no tienen nada que celebrar. Siguen siendo víctimas de las distintas formas de violencia, las asimetrías e intersección de discriminaciones en su contra son una realidad.
Durante el periodo que comprende el mes de enero a la fecha de este año, Tlachinollan ha documentado más de 635 casos de mujeres indígenas que han padecido algún tipo de violencia de los cuales 200 son de violencia familiar, 200 de violencia económica, 150 de violencia psicológica, 30 son de violencia institucional, 15 de matrimonio forzados, 15 de violencia vicaria, 13 de feminicidios, 12 de desapariciones.
Sus principales agresores son los esposos, padrastros, concubinos, padres, tíos, hermanos, vecinos del pueblo, autoridades comunitarias, municipales y estatales.
Aunado a lo anterior las mujeres indígenas siguen sumidas en la pobreza y marginación víctimas de muertes maternas por la mala atención y discriminación que sufren en los hospitales cuyo personal tiene una actitud prepotente y racista que las mira como personas de segunda que no tienen derecho a nada.
Los casos de matrimonios forzados en la región de la Montaña muestran el abandono, la marginación y vulnerabilidad de las niñas indígenas. Viven a la intemperie sin esperanzas de nada y sin el apoyo de las autoridades. El gobierno del estado solo cuando los casos de Angélica y Nayeli adquirieron visibilidad mediática, volteó su mirada a la Montaña. Diseñó una estrategia para revertir esta mala práctica desde los escritorios de la burocracia sin que la misma tenga resultados positivos en la vida fáctica. Las niñas siguen siendo objeto matrimonios forzados. Sufren en silencio sin el acompañamiento ni apoyo de las autoridades.
El caso de la niña Nayeli es ilustrativo. Indígena de Joya Real municipio de Cochoapa el Grande, que sus padres la vendieron por 200 mil pesos, ella se opuso y por ello la encarcelaron, con la intervención de Tlachinollan y otras autoridades se logró su liberación. Después fue llevada al albergue del DIF estatal donde permaneció un año y cinco meses en condiciones de semi encarcelamiento. Regresó a su comunidad, pero no tenía con quien llegar. Finalmente la recibió un tío. Recientemente Tlachinollan fue por la niña hasta la comunidad porque desea estudiar. El Tío se opuso ejerciendo violencia contra los que fueron por Nayeli porque tiene la intención de venderla de nueva cuenta. Se ha hablado con la Síndica de Cochoapa el Grande a fin de que acudan a la comunidad para evitar que la niña sea vendida. Pero las autoridades municipales dicen no tener tiempo para ir por la niña y evitar que la vendan.
Por otro lado, en el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas Me’pháá violadas por elementos del Ejército Mexicano, como se sabe, han obtenido una sentencia de la Corte Interamericana la cual a la fecha no se ha cumplido cabalmente. En el primer caso si bien es cierto se creó un Centro comunitario y albergue para niñas indígenas estos carecen de un presupuesto fijo y sin que estén adscritos a alguna institución por lo que no tiene certidumbre jurídica y laboral quienes ahí colaboran
Por todo lo anterior, “exigimos cese la violencia contras las mujeres y niñas indígenas, se tracen políticas públicas que acorten las brechas de pobreza y desigualdad social, se proscriban los matrimonios forzados contra niñas indígenas y que haya justicia para Inés y Valentina”.
Foto: Tlachinollan
