“La CIDHPDA hace un llamado urgente a los Estados para que fortalezcan la transparencia y la implementación de leyes que aseguren el cumplimiento efectivo del derecho a la información”
La CIDHPDA rechaza algunos de los puntos de la recién aprobada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que podría limitar el acceso a la información, señaló el comisionado presidente Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, a nombre de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas.
Esta nueva ley, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo como remplazo del INAI, ha generado debate entre la prensa y analistas porque contiene tanto aspectos positivos como negativos. Entre los positivos, la ley de transparencia mantiene los requisitos y plazos previos para acceder a la información, como la entrega de datos en 20 días hábiles y la gratuidad del proceso, sin necesidad de justificar la solicitud, agregó.
También conserva el catálogo de obligaciones de transparencia y amplía la divulgación sobre temas clave, como energía, salud, educación y las funciones del Banco de México. Esto refleja un esfuerzo por mantener altos estándares de transparencia, fundamentales en democracias, señaló.
Sin embargo, enfatizó, el desafío radica en la implementación efectiva, ya que en los últimos años ha disminuido la información disponible en los portales gubernamentales. La ley también promueve la construcción de una cultura de transparencia desde la educación, incentivando la documentación y divulgación de información relevante para la sociedad, especialmente para los sectores vulnerables que utilizan estos datos para activar otros derechos.
Por otro lado, en los aspectos negativos, José Mario de la Garza Martins, coordinador del litigio estratégico en Proyecto Justicia Común, en entrevista con Aristegui Noticias destacó dos puntos clave que afectan la labor periodística y el derecho de los ciudadanos a la información.
En primer lugar, la nueva ley permite reservar información sobre corrupción solo cuando esté «acreditada», lo que impide el acceso a detalles de investigaciones en curso hasta que haya una sanción o sentencia definitiva. En segundo lugar, la transferencia de funciones del INAI a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, dependiente del Ejecutivo, plantea un conflicto de interés, ya que las autoridades encargadas de decidir sobre la información están vinculadas al mismo gobierno que podría estar siendo investigado, recalcó.
Además, dijo, la ley introduce nuevas causales para clasificar información como «secreta», lo que podría generar mayor opacidad, incluso en áreas como la obra pública. Como respuesta, Proyecto Justicia Común está promoviendo una demanda colectiva de amparo para impugnar las partes inconstitucionales de la ley, buscando generar un precedente judicial.
La CIDHPDA concuerda en que los puntos favorables para el fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio deben mantenerse, mientras aquellos que le dan la posibilidad al gobierno para ocultar información relevante sobre sus actividades y gastos, deben replantearse o en su caso suprimirse de la ley de transparencia. El Estado debe garantizar a la ciudadanía su derecho a la información, tal como lo mandata el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La CIDHPDA rechaza toda medida que imposibilita a la ciudadanía conocer los gastos en la obra pública. Una ciudadanía informada es esencial para una democracia basada en principios de derechos humanos y justicia. Tanto la ONU como la UNESCO consideran que el acceso a la información pública, especialmente en el ámbito gubernamental, es clave para tomar decisiones informadas y fortalecer el Estado de derecho. La transparencia no solo mejora la eficacia de las políticas públicas, sino que también combate la corrupción, optimiza recursos y fomenta la innovación y la mejora continua en el gobierno.
En el 2024 ambos organismos observaron desafíos importantes en América Latina y el Caribe, pues en algunas naciones de la región existen leyes que limitan el acceso a la información, debilitan órganos garantes de transparencia o imponen barreras y sanciones para quienes solicitan datos. Además, la independencia de estos órganos se ve amenazada por restricciones legales y prácticas, advirtió.
La UNESCO advierte que la falta de datos y estadísticas sobre la ejecución de leyes de acceso a la información dificulta evaluar el progreso en transparencia, especialmente a nivel subnacional en países federales. Hay que tener en cuenta que en tiempos recientes la desinformación se ha convertido en un reto significativo, por lo que el acceso a información pública y de calidad es crucial para contrarrestarla, puntualizó.
CIDHPDA hace un llamado urgente a los Estados para que fortalezcan la transparencia y la implementación de leyes que aseguren el cumplimiento efectivo del derecho a la información, garantizando la plena participación ciudadana en los procesos democráticos, concluyó.
Foto: INTERNET | Modificaciones: CIDHPDA
