* La Ciudad está absorbiendo costos económicos crecientes mientras el problema estructural sigue sin resolverse de fondo
* La ciudadanía merece saber si las medidas adoptadas están resolviendo el problema o simplemente administrándolo
Ante recientes episodios de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la diputada local panista Liz Salgado hizo un llamado firme a las autoridades ambientales de la CDMX, el EdoMéx, Hidalgo y Gobierno federal para iniciar una revisión integral, técnica y transparente de la política pública en materia de calidad del aire, ya que no podemos seguir reaccionando con restricciones temporales cada vez que los niveles se disparan.
“La política ambiental debe evaluarse con datos duros, con resultados verificables y con responsabilidades claramente distribuidas”, subrayó la legisladora.
Salgado expuso que el histórico oficial de contingencias ambientales demuestra que el problema no es coyuntural ni aislado. De 2018 a la fecha se han registrado 46 contingencias ambientales, principalmente por ozono y partículas. Tan sólo en 2024 hubo 12 episodios, en 2025 se registraron siete, y en lo que va de 2026 ya suman cuatro. Estos números deben alertarnos, no estamos frente a un fenómeno excepcional; estamos ante un patrón recurrente, advirtió.
Si las contingencias continúan activándose periódicamente, entonces las medidas actuales podrían estar funcionando como paliativos, pero no como soluciones estructurales, por lo tanto, para discutir con seriedad es indispensable revisar la información oficial disponible.
En el portal de Calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad de México, el último Informe Anual publicado, es el de 2023. Si bien el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) 2021-2030 presenta cuadros de avance actualizados a noviembre de 2025, estos no permiten evaluar integralmente si la política pública ha logrado reducir de manera sostenida las concentraciones, la exposición poblacional o los riesgos sanitarios.
Una pregunta central es si estamos ante un problema regional que termina castigando de más a los capitalinos, planteó.
Salgado recordó que, de acuerdo con datos oficiales, la Ciudad de México contribuye con aproximadamente 27% de las emisiones de PM10, 21% de PM2.5, 40% de óxidos de nitrógeno y 38% de compuestos orgánicos volátiles dentro de la ZMVM. Si se cruzan estos datos con población, parque vehicular e industria instalada, es válido preguntarse si la capital está siendo penalizada en mayor proporción mediante medidas restrictivas que recaen sobre sus habitantes.
El propio ProAire reconoce el fenómeno de transporte regional de contaminantes entre CDMX, EdoMéx e Hidalgo, lo que confirma que la calidad del aire no es exclusivamente un problema capitalino, que las emisiones no respetan límites administrativos y que la ZMVM funciona como una cuenca atmosférica compartida.
Sin embargo, señaló, el debate público suele centrarse casi exclusivamente en el vehículo particular. Si la política ambiental se concentra en restringir la circulación, pero no incorpora con la misma intensidad a las fuentes industriales regionales, entonces estamos aplicando una política incompleta, advirtió.
Uno de los temas más sensibles, y menos transparentes, es el papel de la refinería de Tula, Hidalgo, que opera con combustóleo, uno de los energéticos más contaminantes aún en uso. Existen estudios académicos que han señalado que, bajo determinados patrones de viento, las emisiones de Tula contribuyen a la carga contaminante en la ZMVM, particularmente en el norte del Valle de México. No obstante, no existe un informe público anual que cuantifique con precisión su contribución específica, ni metas metropolitanas vinculantes respecto a esa fuente, ni claridad sobre la coordinación federal en la materia.
La legisladora sostuvo, que mientras se aplican restricciones severas a las y los capitalinos, no vemos la misma contundencia frente a fuentes industriales altamente emisoras. Esa asimetría debe discutirse con datos, y hablar de los costos, porque la contaminación tiene impactos sanitarios severos, como las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, ausentismo laboral y deterioro en la calidad de vida, pero las contingencias también generan costos económicos directos, restricciones vehiculares, afectaciones al comercio, impactos en transporte de mercancías y pérdida de productividad, por lo que cabe preguntarse si la Ciudad está absorbiendo costos crecientes,mientras el problema estructural sigue intacto.
Ante este escenario, Liz Salgado propuso iniciar una revisión integral que incluya la actualización inmediata del Informe Anual de Calidad del Aire, una evaluación técnica independiente del ProAire 2021-2030, transparencia sobre la contribución regional e industrial de emisiones, un análisis costo-beneficio del programa Hoy No Circula, y metas metropolitanas medibles y vinculantes entre CDMX, Estado de México e Hidalgo.
“No basta con declarar contingencias y aplicar restricciones cada temporada seca. La ciudadanía merece saber si las medidas adoptadas están resolviendo el problema o simplemente administrándolo”, enfatizó.
La calidad del aire no puede gestionarse con comunicados de emergencia. Se requiere planeación de largo plazo, coordinación metropolitana real y decisiones basadas en evidencia.
En la foto: diputada Liz Salgado Viramontes
Foto: Cortesía
