Original y Copia
Por Martín de J. Takagui
Ahora que se habla de la democracia y cómo una reforma legal en materia electoral puede limitar, frenar o acabar con la democracia es importante ver que la democracia, como lo hemos comentado en repetidas veces en este mismo espacio de opinión periodística, la democracia no se limita a la emisión de un voto y el conteo de qué candidato tuvo más apoyos de la sociedad.
El voto popular sí es el principio de la democracia, pero éste debe ser emitido en condiciones de libertad de los electores, en igualdad de condiciones para candidatos y partidos políticos y después, cuando hay un ganador con legitimidad, éste debe ejercer un gobierno democrático, que no quiere decir que deba someter a votación cada decisión que tome.
La gente le brinda su voto y es un voto de confianza, para que tome las decisiones que considere mejores, en beneficio de la comunidad, de las personas, de la sociedad y de un municipio, un estado o el país, pero el gobierno democrático es aquel que defiende y preserva las libertades, es el que se somete a las reglas de transparencia, para que la gente sepa qué se está haciendo y se somete a las normas de rendición de cuentas explicando las razones de sus decisiones.
Las libertades, el ejercicio de los derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho de tránsito, son derechos básicos y por ello, se les conoce como derechos humanos y entre ellos está el derecho a la información y la libertad de expresión.
Se trata de derechos constitucionales que, cuando un gobierno y el Estado en su conjunto, los respetan, los defienden en favor de los ciudadanos y generan condiciones para su libre ejercicio, son elementos que enriquecen a la democracia.
Entonces, pues, no puede haber un gobierno democrático cuando no genera las condiciones para el ejercicio de los derechos ciudadanos, cuando el gobierno mismo limita las libertades y menos aún cuando el periodismo, se ve lastimado en lo más profundo de su esencia, porque un gobierno limita, castiga y genera leyes que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.
Desde que llegó al poder la autodenominada Cuarta Transformación las cúpulas del gobierno iniciaron, primero de manera discreta y muy pronto de manera abiertamente frontal una embestida en contra de los medios de comunicación tradicionales, descalificando su labor informativa, cuestionando su credibilidad, acusando a los periodistas de corruptos, inmorales, mentirosos y demás calificativos.
Sucede que el viejo ex presidente Andrés López Obrador tiene la piel muy sensible y no aguantaba una crítica ni con el pétalo de una nota informativa, lo que significó la pérdida de confianza de la sociedad en gran parte de los medios de comunicación y los comunicadores que siempre fueron líderes de opinión.
Al iniciar la actual administración de Claudia Sheinbaum, de inmediato la crítica a los medios, a los comunicadores continuó con la misma tónica, pero se endureció la política mediante la emisión de leyes mordaza, no solamente a nivel federal, sino también en los estados de Campeche y Puebla y en Sonora se sancionaron opiniones personales y comentarios hacia políticos.
La libertad de expresión no es patrimonio exclusivo de los comunicadores, periodistas y medios de comunicación, sino de todos los ciudadanos, todos los mexicanos y quienes se encuentren en el territorio nacional deben gozar ampliamente de la libertad de expresión, porque así lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Frente a las amenazas a la libertad de expresión, diferentes agrupaciones de periodistas han iniciado procesos de reorganización y reagrupamiento, pues han entendido que se requiere de la unidad para lograr la fortaleza que permita la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero siempre con un ejercicio ético de esas libertades, porque de otra manera se estaría limitando el derecho a la información de todos los mexicanos.
Hace una semana el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores AC renovó su dirigencia estatal en Oaxaca, en donde Luis Ramírez Hernández concluyó su periodo como presidente del Capítulo Oaxaca y dio paso a Humberto Cruz Matías, quien asumió la directiva estatal para los próximos tres años.
En la ceremonia de relevo, el Presidente Nacional del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Rafael Cano Franco, señaló que para lograr un periodismo nacional fuerte y en condiciones de defender la libertad de expresión se requiere de un gremio unido, para poder difundir la verdad, en condiciones de libertad y con mucha responsabilidad y ética.
