ACAPULCO, Gro.- Nuevamente, Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, se ve envuelta en escándalo por presuntos malos manejos de recursos públicos.
Carmelo Loeza Hernández, representante legal de los trabajadores demandantes, informó que presentó una solicitud formal de juicio político contra Abelina López, por presunto manejo irregular de recursos públicos.
La controversia es en relación a 177.71 millones de pesos que, según el informe de gobierno que recién presentó la alcaldesa, fueron utilizados para liquidar laudos laborales. Sin embargo, afirmó el defensor laboral, decenas de trabajadores con convenios firmados denuncian que sus pagos nunca llegaron.
El representante legal de un grupo de trabajadores municipales, explicó que la demanda presentada en el Congreso del Estado, exige la suspensión inmediata de la alcaldesa para que se investigue el destino del dinero. “Si se pagó esa cifra astronómica, el Ayuntamiento debería estar libre de deudas judiciales, pero la realidad es otra», subrayó.
Loeza Hernández puntualizó que, “de no acreditarse el destino de los fondos con expedientes y nombres, los denunciantes piden la revocación definitiva del mandato”.
Indicó que en el reciente informe de gobierno de López Rodríguez, al abordar la situación laboral de municipio, mencionó haber “heredado” un total de mil 034 expedientes a los que se sumaron 110 generados en la presente administración. “Según las cifras oficiales, el Ayuntamiento ha destinado 177.71 millones de pesos al pago de laudos, restando aún requerimientos pendientes por un monto de 153.47 millones”.
Estas cifras han sido cuestionadas por abogados laboralistas, quienes denuncian una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y sugieren posibles actos de corrupción. Ante esta sospecha, se ha solicitado formalmente al Congreso de Guerrero que se inicie una investigación y se cite a comparecer a la alcaldesa.
El objetivo es que presente evidencia documental y expedientes que acrediten el destino real de los 177 millones de pesos, especialmente ante la existencia de al menos 18 trabajadores que, a pesar de contar con convenios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y juicios ganados, no han recibido sus pagos.
Por ello, dijo, el Congreso del Estado deberá decidir si llama a comparecer a la presidenta morenista para que exhiba copias certificadas de cada convenio.
El mensaje de los inconformes es claro: transparencia total o revocación de mandato.
Los trabajadores confían en que en esta ocasión, los diputados del Congreso del Estado, “no nos fallen, pues en anteriores denuncias ellos mismos se han erigido como defensores de la corrupta alcaldesa”.
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