El Parlamento respalda ampliar la protección a los viajeros en caso de circunstancias imprevistas.
- Definición más clara de viaje combinado
- Nuevas reglas sobre el uso de bonos
- Cancelaciones sin coste por circunstancias extraordinarias en el destino o el lugar de origen, o si estas pueden afectar significativamente al viaje
El pleno aprobó este jueves una revisión de las normas sobre viajes combinados, para mejorar la protección de los turistas tras lo vivido en la pandemia y varias quiebras empresariales.
La directiva revisada, que ya ha sido acordada informalmente con los Estados miembros, aclara qué viajes y servicios pueden considerarse un paquete vacacional, introduce normas sobre el uso de bonos y establece las condiciones en las que los clientes pueden cancelar sus viajes de manera gratuita.
Definición de paquete vacacional
Con las nuevas normas será más fácil saber qué combinaciones de servicios de viaje constituyen un paquete. Esto se determinará, principalmente, en función de cuándo y cómo se reserve la combinación de servicios. Por ejemplo, en una compra por internet en la que los procesos de reserva vinculados permiten combinar servicios de distintos proveedores, estos se considerarán un paquete si la primera compañía transmite los datos personales del viajero al resto de operadores, y si el contrato por todos los servicios queda concluido en un plazo de 24 horas.
El texto establece que, si el organizador del viaje invita al cliente a reservar servicios adicionales, deberá informarle en caso de que estos no formasen parte de un paquete con los servicios ya contratados.
Bonos
La directiva actualizada introduce normas sobre el uso de bonos, cuyo uso se extendió durante la pandemia. Los consumidores tendrán derecho a rechazar un cupón y solicitar en su lugar un reembolso en un plazo de 14 días. La validez máxima de los bonos será de 12 meses y el cliente tendrá derecho a reembolso por los bonos total o parcialmente no utilizados y caducados. Además, las empresas no podrán limitar la gama de servicios de viaje a los titulares de bonos.
Gastos de cancelación
Bajo las reglas actuales, los clientes pueden cancelar sus viajes sin penalizaciones si surgen circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino del viaje. La nueva directiva extiende la cobertura a eventos inevitables y extraordinarios en el lugar de origen o que tengan el potencial de afectar significativamente al viaje. La evaluación de si las circunstancias son lo suficientemente graves como para justificar la cancelación gratuita se hará caso por caso. En ese contexto, las recomendaciones oficiales de viaje podrán servir como indicaciones, dicta la directiva.
Plazos para tramitar las reclamaciones y efectuar los reembolsos
Según la nueva ley, los operadores turísticos deberán dar acuse de recibo en un plazo de 7 días tras recibir una queja y dar una respuesta motivada en un máximo de 60 días. Si el organizador del viaje entra en concurso de acreedores, los clientes tendrán que ser reembolsados por los servicios cancelados a través de la garantía de insolvencia en un plazo de 6 meses (9 meses para quiebras de gran complejidad). El plazo estándar vigente de 14 días para los reembolsos por cancelación del viaje se mantiene sin cambios.
El Parlamento aprobó la directiva por 537 votos a favor, con 2 en contra y 24 abstenciones.
Declaración del ponente
“Estas normas actualizadas protegerán a los consumidores en caso de problema con sus vacaciones. Los viajeros podrán recuperar todo el dinero si surgen circunstancias extraordinarias que afecten a alguna parte del viaje. La aceptación de bonos por parte de los clientes será voluntaria y siempre tendrán la opción del reembolso en su lugar. Además, las agencias y los operadores tendrán la obligación de responder a las reclamaciones en un plazo de sesenta días. La nueva directiva también prevé una protección sólida cuando una empresa se declare insolvente, para evitar que lo acaben pagando las familias”, apuntó Alex Agius Saliba (S&D, Malta), ponente del Parlamento para el expediente.
Próximos pasos
Ahora el Consejo debe adoptar formalmente la legislación. El texto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Los países de la UE dispondrán de 28 meses a partir de la fecha de entrada en vigor para incorporar las nuevas normas a la legislación nacional y de otros 6 meses para empezar a aplicar las nuevas disposiciones.
Foto: © Enrique Kaczor/onw-images/dpa
