*La violencia de género representa “una deuda que el Congreso lleva años acumulando”: Paloma Sánchez
JUAN GARCÍAHEREDIA
Al aprobarse en el Senado mexicano una reforma constitucional para combatir el feminicidio, la priista Paloma Sánchez Ramos dijo el 14 de abril de 2025 que esto es un paso importante “porque obliga al Estado a actuar ante la impunidad”. No obstante, todavía falta que dicha legislación sea discutida y, en su caso, ratificada por la Cámara de Diputados.
Así pues, datos senatoriales indican que por unanimidad, con 109 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
De acuerdo con la información facilitada, la reforma constitucional busca que en su momento se expida una ley que establezca el tipo penal y las sanciones para este delito, que permitan una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, además de fortalecer al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Zetina, afirmó que esta reforma es de la mayor trascendencia histórica y humanitaria, pues habla de vidas que ya no están y de las que aún se pueden salvar, por eso no se habla solo de leyes, sino de mujeres, niñas, madres, hijas; de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar.
Conforme a la priista Paloma Sánchez Ramos, esta reforma es un paso importante porque obliga al Estado a actuar ante la impunidad, por lo que es urgente construir el andamiaje legal que le permita al Estado intervenir antes de que se culmine en la muerte de una mujer, porque la violencia de género representa “una deuda que el Congreso lleva años acumulando”.
Foto: Cortesía
