Martín Takagui
La mañana de este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia de prensa que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), su gobierno presentará una denuncia en contra de el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, para que se investigue la muerte de 17 mexicanos que estaban bajo custodia de esa agencia o fallecieron a manos de alguno de sus agentes.
Desde hace algunas semanas el gobierno de México ha señalado que actuará por la vía jurídica en contra del ICE, pero la semana pasada, se registró el presunto homicidio de otro mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, un hombre trabajador de 52 años de edad que fue acribillado cuando manejaba una camioneta en la que viajaban también sus compañeros de trabajo.
A partir de esos hechos, el gobierno de México anunció acciones legales para que se aclaren y castiguen en total 17 muertes a manos de agentes del ICE, lo que se ha tomado por algunos sectores del gobierno de Donald Trump, como un contraataque, después de que en el mes de abril la Fiscalía Federal de Manhattan acusó al ahora ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de cargos por narcotráfico, junto a nueve miembros de su gabinete y un Senador de la República.
En este caso el tema ha sido aclarado y el agente que jaló el gatillo asesino ya fue puesto en custodia para ser juzgado, pues se comprobó que los miembros de la patrulla del ICE confundieron al ahora occiso con otra persona a la que andaban buscando.
Pero aún cuando hubiera sido el que buscaban, no tenían razones para haberlo asesinado, pues todo se desencadenó en medio de una serie de mentiras: se dijo que el hombre había usado la camioneta que manejaba como un arma letal en contra de los agentes del gobierno, para evitar la detención, lo cual resultó que también era falso.
Pero aquí el problema mayor es que desde el mes de abril el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha negado a entregar a los presuntos funcionarios de gobierno de Sinaloa, como a un Senador de la República como presuntos responsables de haber facilitado el tráfico de fentanilo y otras drogas que movía hacia Estados Unidos el Cartel de Los Chapitos, o cartel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses se basan en las declaraciones que ha hecho tanto Ismael “El Mayo” Zambada, así como “Los Chapitos” Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, quienes se encuentran presos en Nueva York, pues ahora se les acusa también de la muerte del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen durante una reunión en la que estuvieron los Chapitos y el propio Cuen, con Rocha Moya y otros, previo al supuesto secuestro de El Mayo.
Es muy probable que con los elementos con que cuenta la justicia estadounidense en torno a las acciones del Cartel de Sinaloa y los apoyos de funcionarios del gobierno estatal se invente la participación del ex gobernador y de sus colaboradores, al grado que dos de los secretarios voluntariamente se entregaron a las autoridades gringas para aclarar sus propias situaciones, antes de que los pudieran apresar.
Los extitulares de Seguridad Pública, Gerardo Mérida y de Finanzas Enrique Díaz, coacusados y colaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cruzaron la frontera en mayo pasado para entregarse y negociar su situación en lo personal.
El gobierno de México, a pesar de todo se empeña en seguir protegiendo a Rocha Moya y a sus coacusados, exigiendo que antes de que se piense en su extradición el gobierno de Trump debe presentar pruebas de sus dichos.
Habría que preguntar ¿Por qué hasta ahora que son 17 los muertos, se procede a presentar una denuncia en contra del ICE? Si se busca justicia, si lo que se quiere es defender a los mexicanos en Estados Unidos desde el primer muerto a manos o en custodia del ICE debieron haberse presentado las denuncias.
Hoy todo parece ser un contraataque de acusaciones para seguir protegiendo a los ex narcogobernantes de Sinaloa.
