• Presentó iniciativa para impedir que quienes defraudaron al erario vuelvan a contratar obra pública ocultándose detrás de nuevas empresas
• La reforma impediría que personas responsables de irregularidades burlen las sanciones mediante cambios de razón social, empresas espejo o prestanombres
La corrupción no puede desaparecer con un cambio de nombre. Bajo esa premisa, el diputado local del Partido Acción Nacional, Mario Enrique Sánchez Flores, presentó una iniciativa para impedir que personas vinculadas con empresas sancionadas vuelvan a hacer negocios con recursos públicos utilizando nuevas razones sociales, empresas fachada o prestanombres.
La propuesta, presentada junto con la diputada Claudia Susana Pérez Romero, reforma el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México para cerrar uno de los principales vacíos legales en la contratación pública: que se sancione a una empresa, pero no a quienes realmente la utilizaron para cometer irregularidades.
«Hoy se castiga a la empresa, pero muchas veces los responsables simplemente cambian de razón social, consiguen un prestanombre y vuelven a contratar con el dinero de la gente. La corrupción no puede lavarse con un cambio de nombre”, explicó
La iniciativa establece que, cuando exista una resolución firme y se demuestre que una persona ejercía el control efectivo o era beneficiaria controladora de una empresa sancionada, además de haber participado de manera directa y dolosa en los hechos, también quedará impedida para contratar obra pública, ya sea directamente o a través de terceros.
El impedimento tendrá la misma duración que la inhabilitación impuesta a la empresa, evitando que las sanciones pierdan eficacia mediante la creación de sociedades espejo o el uso de intermediarios.
Sánchez Flores aclaró que la reforma no crea sanciones automáticas ni criminaliza la actividad empresarial.
La sola calidad de socio, accionista o representante legal no bastará para imponer restricciones. Será indispensable acreditar el control efectivo, la participación dolosa, contar con pruebas suficientes y una resolución firme, respetando plenamente la presunción de inocencia y el debido proceso.
Como antecedente, recordó que la investigación «Fantasmas del Erario» documentó más de 3 mil 500 contratos celebrados con empresas catalogadas como facturadoras de operaciones simuladas, un caso que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en la contratación pública.
«Cada contrato obtenido mediante una simulación representa menos agua, menos seguridad, menos calles rehabilitadas y menos servicios para las familias. Defender el dinero público también es defender la calidad de vida de la ciudadanía.»
Finalmente, el legislador hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para respaldar la reforma y cerrar definitivamente la puerta a quienes buscan seguir obteniendo contratos públicos después de haber sido sancionados.
En la foto: diputado Mario Sánchez Flores
Foto: cortesía
