• «No es posible regular esta práctica», enfatizó la doctora en Derecho Patricia Olamendi Torres
• *Se desarrolla en la Universidad Panamericana la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca México 2026
La doctora en Derecho Patricia Olamendi Torres advirtió que la gestación subrogada constituye una forma contemporánea de explotación que debe abolirse a nivel internacional, durante el primer día de trabajos de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca México 2026, celebrada en la Universidad Panamericana.
Olamendi, reconocida defensora de los derechos humanos en México e Iberoamérica y exfuncionaria mexicana y de Naciones Unidas, expuso ante especialistas y participantes de la conferencia, que el país se ha convertido en un destino privilegiado para esta mala práctica, debido a sus bajos costos. Afirmó «México es el mercado barato de la maternidad subrogada».
La especialista detalló que actualmente solo Tabasco —desde 1997— y Sinaloa, cuentan con legislación que permiten ese tipo de procedimientos, llamados renta de vientres o maternidad subrogada, aunque en realidad se trata de explotación de mujeres con fines reproductivos.
En su intervención durante el primer día de trabajos de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca México 2026, Olamendi denuncio que los estados de Jalisco y el Estado de México se han posicionado como las entidades donde más contratos de este tipo se han celebrado, pese a no contar con un marco legal explícito que los regule.
Señaló que existen seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han abordado el tema, pero lamentó que en todas ellas el debate se haya centrado en la validez de los contratos privados dejando fuera del análisis los derechos humanos de niñas, niños y de las mujeres gestantes involucradas.
Uno de los señalamientos centrales de la especialista y ex representante de Naciones Unidas fue la falta de garantías sobre el consentimiento de las mujeres que participan en estos procesos. Para la jurista, la maternidad subrogada no permite establecer con claridad si existe un consentimiento genuino y libre de presiones económicas, lo que abre la puerta a dinámicas de explotación reproductiva.
A ello se suma un dato revelador expuesto durante su intervención: la mayor parte de los pagos generados por estos contratos se queda en manos de agencias intermediarias y hospitales privados, mientras que la mujer gestante recibe apenas el 10% del monto total acordado.
En este sentido Olamendi presentó una propuesta concreta de reforma constitucional y legal. Planteó modificar el artículo 1º constitucional para reforzar la obligación del Estado mexicano de garantizar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ya ha ratificado, así como reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el fin de tipificar la explotación reproductiva como una modalidad específica del delito de trata.
«No es posible regular esta práctica», enfatizó, al descartar que una legislación permisiva pueda evitar los abusos documentados e insistió en que la única vía viable es su prohibición.
La ponente concluyó su intervención con un llamado urgente a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la explotación reproductiva, tanto para las madres gestantes como para las niñas y niños nacidos bajo estos acuerdos, a quienes calificó como sujetos vendidos en un mercado que opera al margen de un enfoque de derechos humanos.
La propuesta de Olamendi se suma a los planteamientos centrales de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca, que reúne en la Universidad Panamericana a especialistas de distintos países para discutir la abolición internacional de la gestación subrogada como práctica de explotación.
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