En la presentación de la iniciativa, el diputado local Diego Garrido, advirtió que el despojo inmobiliario puede trascender un conflicto entre particulares cuando intervienen grupos organizados que distribuyen funciones, fabrican o simulan documentos, suplantan identidades, acceden indebidamente a información patrimonial o utilizan redes de corrupción para dar apariencia de legalidad a operaciones ilícitas.
Crear un tipo penal específico de despojo inmobiliario organizado, aplicable cuando participen tres o más personas, exista un acuerdo previo o formado durante la ejecución, haya reparto de funciones o aportación de medios y se intervenga en dos o más hechos distintos de despojo. La propuesta contempla una pena adicional de diez a quince años de prisión y de seis mil a diez mil unidades de medida y actualización, además de las sanciones correspondientes al delito de despojo.
Como uno de los principales presupuestos, el Legislador plantea una agravante cuando intervenga dolosamente una persona servidora pública que utilice su cargo, atribuciones o acceso a información oficial; una persona titular investida de fe pública; o quien aproveche el acceso a documentos, bases de datos, sistemas de información o información patrimonial para proporcionar medios utilizados directamente en el ilícito. Para servidores públicos, se contempla además la destitución e inhabilitación en los términos de la iniciativa.
El planteamiento busca que la propiedad y la posesión cuenten con protección efectiva y que las instituciones tengan herramientas para enfrentar formas organizadas de despojo, cerrar espacios de impunidad y fortalecer la certeza jurídica.
En la foto: diputado Diego Garrido López
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